Durante 2019 la Fiscalía General del Estado recibió 13 denuncias de periodistas por amenazas, lesiones y daños, pero solo una se judicializó.
La mayoría de los casos se han resuelto con acuerdos reparatorios, otros se fueron a mediación. No se ha llegado a una sentencia condenatoria en este tipo de casos.
En lo que va del año ya se integró un nuevo expediente relacionado con el quehacer periodístico, informó Liberto Hernández Ortiz, fiscal de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos.
“En el momento que ellos presentan una denuncia, inmediatamente dictamos las medidas de protección. Nosotros recibimos la denuncia, independientemente que el hecho delictuoso no se haya relacionado con la actividad del periodista”, expuso.
Las medidas de protección se las entregan a las policías municipales para que ellos tomen las acciones necesarias, como vigilar, evitar que el presunto agresor transgreda un perímetro, entre otras.
“Tratándose de casos de periodistas son pocos los que se presentan. Cuando recibimos denuncias, normalmente son por casos relacionados con amenazas, lesiones leves, daños a sus equipos como celulares o los lentes de las cámaras en la mayoría llegamos a un acuerdo reparatorio”, agregó.
El único caso que se judicializó ocurrió a mediados de 2019, y se trató de un agente del Instituto Nacional de Migración, de nombre Salvador “N”, que trató de impedir la labor de un periodista y dañó su celular.
Sin embargo, una juez de Control dejó en libertad al agente imputado por “inconsistencias que tuvo el agente del Ministerio Público en la conformación de la carpeta de investigación”.
Pues el delito cometido se clasificó como un robo simple, por lo que el imputado tuvo oportunidad a exigir que su caso se resolviera por medio de un método alterno, es decir en la reparación del daño.