«Estamos concluyendo el operativo ordinario de pago de la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, supervisamos que los pagos se estén realizando conforme a las reglas de operación y se han realizado verificaciones en el programa de personas con discapacidad, para detectar a quienes no tienen discapacidad y retirarles la pensión», apuntó.
Añadió que el problema se generó porque hubo confusión respecto a la definición de discapacidad, por lo que se registraron a personas que en realidad no presentaban una discapacidad permanente y se tuvo que hacer la verificación para evitar que los recursos vayan a quien no los necesita o quien no cumple con los requisitos.
Zavala Díaz dijo que después de que se llegó a un registro de casi 8 mil beneficiarios en el estado, la cifra disminuyó a poco más de 7 mil.
Indicó que se conformaron comités de contraloría social en donde los mismos beneficiarios son los vigilantes de cómo opera el programa y hacen las observaciones pertinentes.
El coordinador de programas de la Secretaría del Bienestar en Coahuila aseguró que no se han detectado desvíos de recursos, y afirmó que es muy complicado que eso suceda.