Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se negó la participación directa de integrantes del Ejército mexicano en el ataque que se perpetró contra estudiantes la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014
La “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, establecida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, encubría a militares y la Fiscalía General de la República (FGR) ahora los está investigando, de acuerdo con la revista Proceso.
Militares habrían detenido a numerosos normalistas de Ayotzinapa, conducido hasta las instalaciones del Batallón 27 de Infantería en Iguala, Guerrero, y luego de interrogarlos, los habrían entregado al cártel Guerreros Unidos, dice el semanario en un texto firmado por el periodista Álvaro Delgado.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se negó la participación directa de integrantes del Ejército mexicano en el ataque que se perpetró contra estudiantes la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En la declaración ministerial consultada por el reportero se establece la participación de miembros del 27 Batallón de Infantería, pero también del 41 Batallón de la misma arma, que compartía cuartel en Iguala, en el lugar donde llegaron los normalistas a bordo de autobuses, del´ras de los cuales iban sicarios armados del grupo contrario a Guerreros Unidos, que luego supuestamente se mezclaron con los jóvenes, escribe Álvaro Delgado.
Las autoridades mexicanas identificaron esta semana los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa casi seis años después de la tragedia, en un hecho que acabaría con la versión oficial del Gobierno anterior y que, de paso, abre camino a la certeza.
Con Ayotzinapa como uno de grandes pendientes a resolver en un país azotado por la violencia y la inseguridad, en diciembre de 2018, recién iniciado su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia.
En junio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció una unidad especial autónoma e independiente a cargo de Omar Gómez Trejo, un defensor de derechos humanos con experiencia en el caso y cuya designación tuvo el respaldo de los familiares de las víctimas.
En febrero de 2020, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa con ayuda de la FGR y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Un mes después, firmó un acuerdo con la Corte y la FGR para esclarecer la desaparición de los estudiantes. “Hicimos el acuerdo porque hay una necesidad de aclarar lo sucedido y se tiene que saber la verdad”, dijo hoy López Obrador en su conferencia de todos los días.
Y hace una semana, la FGR ordenó detener a 46 funcionarios del sureño estado de Guerrero por su presunta relación con la desaparición de los estudiantes en una nueva etapa de la investigación que pretende tumbar la llamada “verdad histórica” construida por el Gobierno anterior de que los estudiantes fueron quemados en un basurero.
Además, se logró la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, alías “El Mochomo”, uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los jóvenes.