Querétaro.- La fotografía de José Antonio Almaraz Romero, expolicía judicial de Querétaro, fue colocada al centro de una corona fúnebre, junto con imágenes religiosas y flores, sobre una mesa de madera instalada en el patio de su casa.

Anoche, con café y pan, algunas personas se apostaron alrededor, pero no estaba el cuerpo del difunto, cuya muerte, tres días atrás, fue asociada a covid-19.

La madrugada de este martes una carroza llegó al número 68 de la calle Topacio, en la colonia San Gregorio, donde familiares y amigos ayudaron a bajar el ataúd con el cuerpo del señor José Antonio, para brindarle el último adiós.

Antes, la familia inició un proceso legal para cumplir con la última voluntad de su ser querido: ser enterrado y no incinerado. Ello, porque –subrayaron– no murió por covid-19 y los médicos pretendían que fuera incinerado.

María Elena Lázaro Meza, de 59 años, esposa de la víctima, relata que se negó a firmar el certificado de defunción por dos razones: estaba convencida de que su esposo no tenía covid-19, y porque de haber aceptado esa versión, dijo, habría implicado incinerarlo de inmediato.

En Querétaro, las “medidas de seguridad sanitaria” publicadas por el gobierno estatal –el pasado 19 de marzo– determinan que todas las víctimas mortales de covid-19 serán incineradas, e incluso el gobierno absorbe los gastos del funeral.

Sentada en un sillón de la sala de su casa –donde hay varias fotos de su marido en los muros–, María Elena explica que la certeza de que su esposo no estaba contagiado radica en los antecedentes que los llevaron al hospital.

Lesión en la cadera

Detalla que a finales de junio su marido, de 73 años, se cayó y fracturó la cabeza del fémur, a la altura de la cadera, por lo que fue operado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Le colocaron una prótesis, pero ante el aumento del dolor otros médicos particulares les confirmaron que la intervención había sido un desastre.

“No aguantaba el dolor, trajimos a una persona a que le sacara una radiografía y dijeron que estuvo muy mal hecha la operación, que le pusieron una prótesis del 4 y él era del 7, por estar muy grande, y le estaba lastimando mucho”, relata.

Por eso, a mediados de julio regresaron al IMSS y los médicos programaron otra operación, para este miércoles 12. A José Antonio Almaraz le hicieron estudios preoperatorios, pero el sábado 8 su estado de salud empeoró.

María Elena recuerda que, además de que su esposo dejó de comer, la presión se le bajó y su cuerpo estaba helado, por eso para ella no es creíble que en el hospital le dijeran que tenía 38 grados de temperatura.

Y asegura que cuando le preguntaron si tenía alguno de los síntomas de un enfermo de covid-19, uno a uno los fue descartando. Finalmente, de la Clínica 9 del IMSS de Querétaro enviaron al paciente al Hospital General Regional número 2, que atiende pacientes con covid-19.

A la ahora viuda le aseguraron que ahí le tomarían una tomografía y si seguía delicado lo trasladarían a otro Hospital del IMSS, en este caso el número 1, para internarlo.

Cuenta que la intención de ella y de su hijo de llevarlo al IMSS era para que le estabilizaran la presión.

Sin embargo, tras llegar al Hospital número 2, a Almaraz Romero le dio un paro y el personal médico ya no pudo salvarlo.

“Todavía lo vi con los ojos abiertos y lo pasaron; antes dijeron: ‘¿Usted autoriza para que se le intube?’. Le dije: ‘dígame, ¿para qué o por qué?’. ‘Porque no puede respirar bien, es una máquina que le ayuda a respirar’. Le dije: ‘pues si no hay otro remedio’. Y me dice: ‘¿pues qué no le han dicho?, es que aquí lo mandaron por covid’. ‘¡No!’, le digo, ‘mi esposo no tiene covid’, y ya de ratito salió otra doctora y dice: ‘¿sabe qué?, ya entró en paro, pero estamos tratando de reanimarlo’. Y como a la media hora regresó otra vez, dijo: ‘ya no lo pudimos sacar del paro, señora, ya falleció’”.

A la familia le informaron que José Antonio había muerto por covid-19 y que su cuerpo debía ser incinerado.

Pero ante la falta de certeza se negaron a firmar el certificado de defunción y dar el consentimiento para cremarlo, explica María Elena.

Entonces, a través de abogados tramitaron un amparo para que les entregaran el cadáver y exhibieran la información relacionada con su muerte.

“Inicialmente tendría que haber un diagnóstico real de que sí murió por covid el señor”, explica el abogado Alejandro Reséndiz.

En un primer certificado de defunción, marcado con el folio número 200607002, personal del IMSS consignó que José Antonio Almaraz Romero falleció, entre otras causas, por probable SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad de covid-19.

Ante la insistencia de la familia por conocer la verdadera causa del fallecimiento, la autoridad presentó una prueba de laboratorio al cuerpo, que tuvo un resultado negativo, según se lee en el documento con número de folio 002265.

El personal del IMSS tuvo que elaborar un segundo certificado médico, al que le colocaron el número de folio 200607007, quitaron la causa de muerte por SARS-CoV-2 y escribieron “Insuficiencia Respiratoria Aguda y Neumonía Atípica”.

Brenda Almaraz, hija del fallecido, narró que el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social intentó justificarse al señalar que las autoridades estatales presionan a la gente para que se incinere a las personas fallecidas por covid-19.

En el área de comunicación social del IMSS evitaron abundar sobre el asunto y se limitaron a entregar una tarjeta informativa donde dice: “el personal de dicho nosocomio ha cumplido en todo momento con los lineamientos sobre casos probables o confirmados de SARS-CoV2”.

Por parte del gobierno tampoco hubo interés de abordar la inquietud de los familiares y la directora de Servicios de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, sugirió hablar con la gente del IMSS, pero cuando se planteó el interés de abordar el procedimiento usado con los fallecidos por covid-19 tampoco aceptó.

En su lugar proporcionó un número de teléfono de una persona a quien identificó como la responsable de gestionar las entrevistas, pero en ese número nunca respondieron.

“La Ley únicamente se la aplican a la gente que carece de recursos. Vemos que la clase política pues, bueno, están llevando a cabo una serie de eventos donde no se respetan todas las medidas que ellos recomiendan que uno tome: el uso de cubrebocas, la sana distancia, no hacer reuniones con mucha gente que asista”, señala el abogado Reséndiz.

En la sala de su casa, a María Elena se le quiebra la voz cuando habla de su marido: “Fue un policía, laboró 30 años, expuso su vida, ¡y ninguno del gobierno del estado!, ni Alejandro Echeverría (el fiscal estatal), que fue su jefe, se han acercado a uno, siquiera para que nos ayuden”.

Y así, sin ningún tipo de ayuda oficial, la madrugada de este martes José Antonio Almaraz Romero llegó en una carroza a su casa. Familiares y amigos le dieron el último adiós.